La Corte Penal Internacional seguirá
investigando presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, luego
de que una de sus salas desestimara una apelación del gobierno de Nicolás
Maduro a que ese tribunal internacional indague acusaciones de asesinatos,
desapariciones, ejecuciones y más.
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal
Internacional (CPI) desestimó, por unanimidad, la apelación del Estado
venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que
autorizó continuar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad
cometidos en Venezuela.
La investigación abarca, entre otros, casos de
asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias,
desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de
manifestaciones antigubernamentales desde abril de 2017.
“La decisión de la Sala de Apelaciones es
adoptada por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente
confirmar la decisión impugnada”, dijo el juez Marc Perrin de Brichambaut,
presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI, al leer la sentencia.
La sentencia fue dictada el viernes en una
audiencia pública celebrada en La Haya, en presencia de la Fiscalía de la CPI,
representantes del Estado venezolano y la Oficina Pública de Defensa de las
Víctimas (OPCV por sus siglas en inglés).
El gobierno del presidente Nicolás Maduro apeló, el año pasado, la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, argumentando que el Estado “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos” referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma.
Entre los argumentos expuestos por el Estado venezolano para apelar, figura que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI incurrió en “errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales” del Estatuto de Roma, entre ellos la supuesta desestimación de pruebas que demostrarían la “productiva” labor del sistema de justicia de Venezuela.
Durante una de las audiencias de apelación, la
fiscalía de la CPI cuestionó que Venezuela haya demostrado “impacto” en las
investigaciones mientras que el canciller venezolano volvió a negar que se
hayan cometido crímenes de lesa humanidad en el país.
Durante este tiempo la fiscalía de la CPI ha
mantenido sus facultades investigativas debido a que la Sala de Apelaciones
negó que hubiera efectos suspensivos sobre las facultades, como pidió el Estado
venezolano.
En 2023, durante su tercera visita a
Venezuela, el fiscal Khan y Maduro firmaron un memorando de entendimiento de
cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de
cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país.
En 2021, la fiscalía de la CPI anunció su
decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes
de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en
el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de
Roma.
Venezuela rechaza la decisión
El gobierno de Venezuela manifestó su “desacuerdo” con la sentencia de la sala de la CPI y la calificó como una decisión “infundada”.
“El proceso incoado ante la Corte Penal Internacional responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”, precisa un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores el viernes.
De acuerdo al gobierno venezolano, se trata de
una “maniobra” construida a partir de un “reducido” conjunto de “delitos” que,
asegura, han sido o están siendo “debidamente investigados y sancionados” por
las autoridades del país.
Además, sostiene que, como Estado soberano,
tiene derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales
internos, sin injerencias externas y, aunque agradece la asistencia técnica de
la fiscalía de la CPI, dice que “no es necesario ni apropiado” que “lleve a
cabo investigaciones separadas o adicionales”.
