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Editorial
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Proyecto polémico y de elevado riesgo
Sábado,  7 de Abril, 2018
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El proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando ha sido aprobado en detalle por el pleno de la Cámara de Diputados hace poco. La normativa legal impulsada por el Gobierno, pretende viabilizar mecanismos para hacer más efectiva la tarea específica de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en la lucha contra el contrabando. Entre estos mecanismos se establece la regulación del uso de armas de fuego y otros equipos en los operativos aduaneros contra quienes internen mercadería ilegal al país. Sin duda, aplicar la normativa hará surgir un nuevo escenario de lucha, cuyo detonante ha sido la muerte de dos militares a manos de contrabandistas.
 
Según el Gobierno, las medidas que se están adoptando requieren de un respaldo legal sólido y coherente. Argumenta, en primer lugar, que emergen como una necesidad imperiosa para enfrentar el peligroso incremento del uso de la violencia por parte de los contrabandistas para evitar los operativos aduaneros. En segundo lugar, se hace preciso regular la intervención de las Fuerzas Armadas y la propia Policía ante situaciones conflictivas y violentas como la del asesinato de los militares por los contrabandistas. Para ello, se elaboran protocolos específicos para el uso de armas, equipamiento,  municiones, explosivos y otros recursos por estas instituciones en su tarea de disuasión.
 
Sin embargo, la polémica está servida. Ante la evidente escalada de violencia de los contrabandistas frente al aumento del control aduanero que intercepta caravanas con productos de internación ilegal, lo menos que se espera es mayor violencia. Es más, se teme por la violación de derechos humanos fundamentales cuando el contexto legal permite intervenciones militares y policiales de envergadura, tanto por el equipamiento como de armas de fuego. De hecho, varias voces institucionales y de sectores han advertido sobre los riesgos en la aplicación de la normativa legal de marras ante la potencial violación de derechos humanos y el incremento del hacinamiento carcelario.
 
Se ha mencionado la existencia de “sindicatos de seguridad” contratados por los contrabandistas para garantizar la internación de mercadería ilegal desde la frontera, con el propósito obvio de impedir el decomiso de la misma por las autoridades aduaneras. La utilización de una tanqueta del Ejército en Patacamaya y la detención de varios supuestos “vigilantes” que hacían uso de dinamita para resguardar el convoy ha sido el ejemplo más reciente e ilustrativo. Lo que se teme es que el remedio sea peor que la enfermedad, porque las Fuerzas Armadas y la Policía estarán exentas de responsabilidad penal cuando hagan uso “legítimo y racional” de la fuerza en intervenciones concretas.
 
En todo caso, hace falta que el contrabando sea controlado por otras vías que no impliquen violencia. La coordinación binacional en las fronteras debe fortalecerse para evitar el contrabando, actividad comercial ilegal que es de suya compleja y de inherente responsabilidad de quienes resguardan las fronteras. Por el momento, las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público y la Aduana Nacional intentan una mayor coordinación interinstitucional para cumplir con el control aduanero en las zonas de seguridad fronteriza del territorio boliviano. La proyectada Ley de Fortalecimiento de la lucha contra el Contrabando nace en un escenario donde florecen la polémica y el temor.

En todo caso, hace falta que el contrabando sea controlado por otras vías que no impliquen violencia. Por ello, la proyectada Ley de Fortalecimiento de la lucha contra el Contrabando nace en un nuevo escenario, donde florecen la polémica y el temor.

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