Siguenos en:
Martes
 25 de Junio de 2019
Editorial
Tribuna
Cumplimiento de plazos procesales
Domingo,  12 de Marzo, 2017

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada el 10 de diciembre de 1948 ha llegado a constituirse en fuente obligada y principio rector de otras normas y principios relacionados con el tema, algo que nuestra Constitución lo reconoce a tiempo de referirse a instrumentos internacionales que tratan la materia. (arts. 256, 257). En las cuestiones de índole penal es donde hay  mayor incidencia de tales instrumentos, especialmente en los plazos del trámite judicial a fin de que el proceso concluya dentro de los términos señalados y se resuelva la situación del imputado de manera definitiva, pues “la excesiva duración de los litigios constituye uno de los mayores y más viejos males de la administración de justicia”, como lo afirma un tratadista de la materia.

En realidad se trata de la retardación de justicia, un mal considerado como endémico que afecta a los procesos penales -como asimismo a otros de carácter judicial- y a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ellos, aparte de que crean un sentimiento de inseguridad en el medio social y peor aun en las personas directamente afectadas. Sobre esta cuestión es importante el enunciado del documento internacional que formula el principio de que “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal (...) tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad”. En consecuencia, es fácil imaginar la gravedad del problema cuando se produce una demora excesiva en la administración de justicia penal que bien podría llevar justificadamente a que se produzca, si se da esa morosidad,  la libertad del imputado si está sujeto a una detención que rebase el margen legal.

Este ligero repaso de normas internacionales sobre la cuestión cuya actualidad está presente no solo en los círculos profesionales sino en la opinión pública siempre sensible ante hechos de esta naturaleza, donde se haya alterado la duración correcta del proceso sobre todo si este ha tenido orígenes políticos, como ocurre en nuestro medio, con la agravante de que la causa - por instrucciones políticas ajenas - no se encomendó al juez natural sino a otra autoridad judicial procedente de jurisdicción diferente, en consecuencia con el riesgo de la nulidad del proceso tramitado más la responsabilidad consiguiente, sobre todo si la causa ha tenido o tiene una demora que haría nula no solamente la decisión del juez, sino todo el trámite. Entonces, si hay una reforma del sistema penal en el país, como se ha anunciado, tendrá que considerarse esta situación en términos que den mayor eficacia a la Ley No. 348  de 9 de marzo de 2013, cuyo artículo 86.2 reitera el principio de celeridad procesal, que es un elemento básico de la administración de justicia junto al irrenunciable principio de independencia del órgano judicial.

Acerca del autor:
Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
Notas Relacionadas
©2016 Diario El Día Santa Cruz - Bolivia, Dirección: Av. Cristo Redentor, KM 7 zona ”El Remanso” - Teléfono piloto: 3-434040 Fax Comercial y Publicidad. 3-434781 - Fax Redacción 3-434041 - email: eldia@eldia.com.bo  |  Acerca de El Día