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Editorial
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Agricultura (IM)posible?
Lunes,  6 de Octubre, 2014

En el Día Mundial de los Bosques, celebrado hace pocos días, representantes de la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación cruceña han hecho conocer que una ampliación de la frontera agrícola hasta el año 2025 supondría la deforestación de diez millones de hectáreas afectadas, entre las que se incluyen trescientas mil hectáreas de bosques perdidos en áreas protegidas, con todo lo que ello conlleva, es decir, la desaparición de miles de especies silvestres de fauna y flora. Como si ello no fuera suficiente, tal ritmo de deforestación tiene que ejercer, por fuerza, efectos nocivos sobre el medio ambiente, contradiciendo la proclamada defensa estatal de la naturaleza.
 
El meollo del informe de la Gobernación viene a ser una clara advertencia de lo que sucede con las supuestas áreas protegidas. En otras palabras, se está deforestando donde no se debe, no solo porque se atenta contra las reservas naturales del país, sino porque se está incurriendo en flagrante comisión de delitos contra la Ley del Medio Ambiente y las normativas -que al parecer nadie cumple ni hace cumplir- sobre la regulación de las áreas protegidas. Con cada vez más frecuencia se conoce del avasallamiento de las reservas naturales por grupos de personas que, al final, no se sabe si proceden por cuenta propia o actúan con el tácito apoyo de esferas gubernamentales.
 
Parece contradictorio que se pretenda ampliar la frontera agrícola para asegurar la soberanía alimentaria a expensas de los bosques protegidos. Esto contradice la normativa legal vigente en el país. Por otra parte, en vez de implementar una agricultura extensiva, debería impulsarse una agricultura intensiva y diversificada, una agricultura orgánica, sin agroquímicos que contaminan los suelos y los productos. ¿Quiénes y cómo controlan el uso de los fertilizantes y agroquímicos en el país? De hecho, agroquímicos prohibidos en el exterior del país son usados en Bolivia, sin que nadie diga esta boca es mía, y menos se pronuncien las autoridades pertinentes del ramo, que deberían hacerlo.
 
Las declaraciones oficiales sobre la soberanía alimentaria, que se basan en la Agenda Patriótica 2025, impresionan como utópicas cuando se analiza la situación de las áreas protegidas. En este terreno, todo parece contradictorio. Ni se respetan las normativas legales y tampoco se hace nada por impedir que se avasallen las reservas naturales. La comprobada colonización de extensas zonas en las áreas protegidas dice mucho y mal del Gobierno, puesto que por un lado van los discursos de defensa de la Madre Tierra y por otro lado van las acciones, claramente dirigidas a la deforestación inclemente e irracional de áreas forestales protegidas, a sabiendas o no, permitidas o no. Lamentable.
 
¿Es que estamos frente a una agricultura imposible, donde vale más la retórica que los hechos? Conviene asegurar la soberanía alimentaria, por supuesto, pero dentro de plazos claros y razonables que no incluyan el atentado flagrante y contradictorio contra las reservas naturales en nombre de la expansión de la frontera agrícola y de la seguridad alimentaria. Existen normativas que sancionan estos hechos. ¿Por qué no se actúa en consecuencia, sin dudas ni rodeos? La reforestación que se anuncia está claramente en desventaja, en ritmo y eficacia, respecto a la deforestación. Lo peor es que esta última sucede en áreas donde no debería tener lugar, por mandato de la ley y sentido común.

La reforestación que se anuncia está claramente en desventaja, hablando de ritmo y eficacia, en relación a la deforestación. Lo peor es que la deforestación está siendo dirigida a las áreas donde no debería tener lugar, por mandato de ley y el sentido común.

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