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Editorial
Polémica y confusión
Sábado,  16  de Febrero, 2013

El reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declara inconstitucionales cuatro artículos de la Ley Marco de Autonomías, ha provocado un revuelo inesperado en el ambiente político. La razón de esta agitación que ha movilizado tanto a la oposición como al oficialismo, radica en que los citados artículos tienen relación con la suspensión del cargo de las autoridades electas a simple acusación formal. De esta manera, gobernadores, alcaldes, concejales y otras autoridades que han sido alejadas de sus puestos de responsabilidad, a los que han accedido a través del voto popular, se han apresurado a reclamar de inmediato la devolución de los mismos.

De hecho, el primero que ha retornado a su puesto casi de inmediato ha sido René Joaquino, el Alcalde de Potosí que fue suspendido por acusaciones de hechos irregulares que al final no han podido ser demostrados. Siguiendo ese ejemplo, los burgomaestres de La Guardia y San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz esperan volver a sus funciones cuanto antes, amparados en el texto del fallo del Tribunal Constitucional. En esa misma tónica, los concejales cruceños denominados “rebeldes” aspiran a retomar sus funciones en el legislativo edil con todos sus derechos y beneficios. Sin duda, las aguas del mar político muestran una agitación preocupante.

En primer término, porque desde el Gobierno se ha estado insistiendo en que el fallo del Tribunal Constitucional no tiene carácter retroactivo. Esto significa que se pretende dejar las cosas tal como estaban hasta antes de esta decisión. En otras palabras, si nos atenemos al criterio de los juristas constitucionalistas, se intenta desconocer la propia Constitución Política, cuyos articulados son contrarios a que se suspendan autoridades a la sola acusación formal. Desde esta perspectiva, la mesa de la polémica está servida, cuando todo indica que debería cumplirse el fallo sin llegar a debates innecesarios ni a interpretaciones antojadizas. Por ello, el propio Tribunal ha emitido una aclaración.

Y esta aclaración es sucinta. Solo se ha limitado a controlar la constitucionalidad, de modo que son las asambleas departamentales y concejos los que deben definir si se restituye o no a sus autoridades. La inicial confusión que se ha generado no le hace bien a la frágil convivencia que existe entre oposición y oficialismo, que a duras penas tratan de entenderse dentro del marco jurídico legal existente, que de hecho es resistido por la oposición. Las incoherencias de la Ley de Autonomía puestas al descubierto por el TCP ofrecen argumentos rescatables para sustentar esta resistencia. El oficialismo ha advertido sobre un caos institucional si se aplica la letra muerta del fallo del Tribunal.

En esta situación inquietante, resultará difícil ocultar la intencionalidad política que gira en torno a la decisión del TCP. Y es justamente esa intencionalidad política la que ofrecerá las soluciones prácticas para cada caso –ojalá pacíficas- allá donde se han generado las suspensiones de autoridades. Y lo más probable es que prevalezca el interés político cuando debería privilegiarse la aplicación de la ley. Ante ello, conviene insistir en la necesidad de una elevada dosis de sensatez y equilibrio en las asambleas departamentales y concejos para asumir lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha decidido. Se trata de observar la ley, y no de imponer el interés político sectario.

Conviene insistir en la necesidad de una elevada dosis de sensatez y equilibrio en las asambleas departamentales y concejos para asumir lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha decidido.