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 18 de Noviembre de 2018
Internacional
Expertos ven tendencia por usar salidas alternativas y procesos que aceleren los casos
859 personas fueron a juicio abreviado en 2014
Legislación. Juristas sugieren complementar leyes con tareas preventivas contra la inseguridad para así aliviar la carga procesal.
Lunes,  6 de Abril, 2015
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Ref. Fotografia: Procesos. Cerca de mil personas se sometieron a procesos abreviados en 2014. En el Plan 3.000 ocho de diez casos que se atienden en esta jurisdicción son resueltos a través de salidas alternativas.

Al menos 859 casos fueron resueltos por el Juzgado de Instrucción en lo Penal, a través de procesos abreviados, según datos que maneja el Tribunal de Justicia en la capital cruceña.

De acuerdo con expertos en el área penal, esta y otras modalidades contempladas en la Ley de Procedimiento Penal 586 se han convertido en una herramienta muy útil para aliviar la carga procesal que arrastra el sistema judicial.

Fiscalía destaca avances. Si bien la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz no tiene datos precisos sobre la resolución de casos pendientes, bajo esta modalidad, afirma que ha sido muy beneficiosa para aliviar la carga procesal de  más de 39.000 casos pendientes que se registraban hasta el 2014.

Solo como ejemplo, el fiscal José Morales señaló que ocho de diez casos que atiende en la jurisdicción del Plan 3.000 son resueltos a través de salidas alternativas, en casos donde la medida era procedente.

"Es lógico que esto no resuelve el problema de fondo que hay en nuestro sistema, pero es un elemento muy utilizado y un recurso que beneficia a los procesados, siempre y cuando los delitos no afecten al sistema público o cuando estos no tienen antecedentes penales", manifiestó el fiscal Morales, quien trabaja en la jurisdicción del Distrito 8, consciente de que las alternativas adoptadas alivian el sistema y agilizan los procesos, aunque no son una solución definitiva al problema que enfrenta el sistema judicial en general.

Una ley incluyó nuevos cambios para agilizar los procesos. Cabe destacar que este procedimiento se enmarca en la Ley 586, de descongestionamiento y efectivización del sistema procesal penal que fue promulgada en octubre de 2014.

La misma establece, en su artículo 326, que el imputado podrá acogerse al procedimiento abreviado, criterio de oportunidad, suspensión condicional del proceso o conciliación, en los términos de los Artículos 21, 23, 24, 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal, y los Artículos 65 y 67 de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, “Ley del Órgano Judicial”, siempre que no se prohíba expresamente por ley, aún cuando la causa se encuentre con acusación o en audiencia de juicio oral, hasta antes de dictada la sentencia.

Sugieren políticas preventivas para que el trabajo no caiga en 'saco roto'. Para el presidente de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz, Emerson Figueroa, sin duda esta ha sido una de las medidas más acertadas que se ha realizado en el sistema judicial para disminuir y aliviar la carga procesal.

"Las nuevas normas de descongestionamiento están dando sus frutos y de esto da fe todo el Tribunal Constitucional. Sin embargo creo que estas medidas deben ser complementadas con políticas criminales y preventivas que refuercen esta iniciativa, de lo contrario todo el trabajo que se está haciendo caerá en saco roto", manifestó.

En este contexto, lamentó que las condiciones en las que se encuentra el sistema judicial en el departamento no acompañen la medida en la que está creciendo la carga procesal ante el incremento de hechos delictivos en el departamento.

"Se están haciendo grandes esfuerzos y esto incluye la designación de más jueces para Santa Cruz y la extensión de la carga horaria. Sin embargo, aún las condiciones de infraestructura, logística y recursos humanos es insuficiente para obtener mejores resultados" apuntó la autoridad judicial.

Coincide con Figueroa, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Raúl Roca, quien destacó los avances que se han logrado a través de los cambios que se ha hecho al sistema judicial, tanto en normativa como en infraestructura.

No obstante afirmó que la inclinación hacia salidas alternativas y otros procesos de agilización, como juicios abreviados y conciliación, eran poco estimados por el sistema judicial hasta hace pocos años. "Estas opciones existen desde hace muchos años, aunque hay una tendencia a optar por ellas y es digno de destacar en los casos que si se justifican y proceden. Sin embargo esto no soluciona el problema de fondo", acotó.

En este sentido, concordó en que es necesario que el Estado adopte políticas preventivas para evitar una ciudad violenta.

"Las políticas no solo deben apuntar a evitar a reducir la carga procesal con más personal y mejor infraestructura, también implica un trabajo preventivo que apunte a evitar una sociedad violenta, un trabajo en el que se incluyan políticas que contemplen a la familia como núcleo de la sociedad sin violencia", señaló el profesional.

Experto ve falta independencia del poder. Desde el punto de vista del experto en leyes Joadel Bravo, es importante y de mucho aporte el hecho de que se aplique en el sistema las salidas alternativas, que permiten reducir la burocracia en los procesos.

Sin embargo, está de acuerdo en que el sistema enfrenta grandes debilidades para descongestionar su carga procesal y trabajar de una manera más eficiente.

A su criterio, "no hay una autonomía real de parte del poder judicial y hay pruebas a diario de esto".

En la misma línea, observó la falta de personal y logística para agilizar los procesos y las resoluciones de los mismos. "A esto se suma que hay una escasa capacitación de los funcionarios que están a cargo de  las investigaciones y una ingrata remuneración en general hacia los funcionarios judiciales, entre ellos policías, jueces y fiscales que están haciendo esfuerzos para trabajar en nuevos horarios", mencionó el jurista.

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Marciana-Soliz-Roca-
Marciana Soliz Roca
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