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?Abajo la jurisprudencia!
?Es o no es Verdad?
Lunes,  16  de Noviembre, 2009

José Gramunt de Moragas • S.J. - ¡Abajo la jurisprudencia!:Los cambios que el Gobierno está imponiendo al país, no siempre son compatibles con los valores y principios fundamentales de la democracia. Tal es el caso del proyecto de anular la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ésta es pues una buena oportunidad para recordar lo que significa “jurisprudencia”. Según los tratadistas más acreditados, “se entiende por jurisprudencia la interpretación que a la ley hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción”. La jurisprudencia, añaden los jurisconsultos, “está formada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una materia determinada”. Esta definición se aplica especialmente a los tribunales de más alta jerarquía, cuya doctrina es de obligatorio acatamiento para todos los jueces y tribunales sometidos a su jurisdicción. A esto llaman “sentar jurisprudencia”.
Contrariamente a la definición aquí recordada, el Gobierno se descuelga con la siguiente afirmación que está muy lejos de la ortodoxia jurídica: “la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, previa a la aprobación de la Constitución Política del Estado, ha dejado de tener carácter obligatorio o vinculante para las decisiones de las autoridades judiciales”. Esto dijo un asesor del Ministerio de Justicia.
Por el contrario, la “vera doctrina” sostiene que la jurisprudencia emanada de las sentencias del Tribunal Constitucional (cuando éste último funcionaba y antes de que fuera  prácticamente barrido del sistema judicial por intrigas políticas y disposiciones gubernativas), no puede ser desconocida ni ignorada por los tribunales actuales. Por lo tanto, siguen siendo de cumplimiento obligatorio. Es pues incorrecto recurrir al pretexto de que las sentencias de aquel supremo tribunal se  produjeron de acuerdo con una Constitución que ha sido derogada y que, por lo tanto, las sentencias del alto tribunal han dejado de tener fuerza de obligar.
En efecto, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, sostiene que la mencionada supresión: 1º, vulnera la independencia de poderes (lo cual no es nuevo ya que, de hecho, son frecuentes las invasiones del Órgano Ejecutivo en el Jurisdiccional); 2º, se atentaría contra la seguridad jurídica (tampoco sería el primer caso);  y, 3º, se  provocaría que los operadores de la justicia actuaran según su libre arbitrio y no en riguroso acatamiento del espíritu y de la letra de la ley. En buena doctrina, la actividad jurisdiccional no puede estar sometida al servicio de intereses generales o particulares, ni  políticos ni económicos, sino al estricto cumplimiento de las leyes promulgadas por la autoridad legítima y competente. Sostener lo contrario es considerado por los juristas, tales como el conocido abogado, Luis Vásquez Villamor, como una aberración jurídica. En conclusión, las sentencias del Tribunal Constitucional que conforman la jurisprudencia, siguen teniendo fuerza de obligar.
Muchos ciudadanos que sienten la necesidad de cambios serios que consoliden las debilitadas instituciones democráticas de un Estado de Derecho, ven con  preocupación proyectos tan nefastos como la anulación de la jurisprudencia constitucional que es parte sustancial del patrimonio jurídico de la nación.

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