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Política
Editorial
El secreto bancario
Lunes,  20 de Agosto, 2018
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Los titulares de la prensa de los últimos días se han dirigido a la decisión voluntaria de algunas autoridades nacionales y departamentales, incluyendo al Presidente y Vicepresidente del país, de publicar los movimientos de sus cuentas bancarias, como parte de sus obligaciones éticas como funcionarios públicos.  De esta manera, temas como la institución del secreto bancario, la transparencia fiscal, la investigación de fortunas y el cumplimiento de la ley en el país han sido puestos en la mesa del debate. Sin embargo, también se ha puesto en evidencia la intencionalidad de encontrar resquicios legales para proseguir juicios de larga data en la legitimación de ganancias.
 
Conviene no perder de vista que la transparencia fiscal y el secreto bancario son figuras legales diferentes. Mientras la primera deviene en una obligación que concierne al ámbito público e incluye a los funcionarios de las empresas públicas, el secreto bancario cae dentro del dominio privado. De hecho, resulta un derecho individual constitucional y viene a ser un compromiso y obligación de las entidades financieras de guardar absoluta discreción sobre los movimientos bancarios de su clientela. Es un bien jurídico que protege la intimidad de personas y sus patrimonios, y que merece tutela jurídica, especialmente si el sistema financiero recoge información de toda actividad comercial.
 
Por otra parte, satisface que autoridades nacionales, departamentales y locales decidan transparentar sus cuentas bancarias en estricta sujeción a las normas legales de levantar la confidencialidad de sus patrimonios. Un paso adelante puede traducirse también en la obligación legal de hacer públicas sus cuentas bancarias mientras ejerzan la función pública. Para investigar rápido y mejor se pretende, mediante proyecto de ley, modificar las normas de Servicios Financieros, el Código Tributario y el Código de Comercio, además de reglamentar las offshore. Sólo así la Unidad de Investigación Financiera cobrará protagonismo y adquirirá las facultades de acceso a la información financiera.
 
Las prisas corren, especialmente si las investigaciones sobre lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y de lesa humanidad emprendidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) continúan en la región. Bolivia logró mejorar el control sobre estos ilícitos, de manera que ya no está en la lista de países “gris oscuro” de blanqueo de dinero a nivel mundial. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. No obstante, resultaría lamentable que esta tarea de transparentar las actividades financieras esté también dirigida a encontrar a como dé lugar evidencias de ilícitos, especialmente relacionadas con las entidades offshore nacionales, de algunos ciudadanos opositores.
 
Una primera lectura de la puesta en público de las cuentas de funcionarios estatales y autoridades de diverso rango impresiona como una cortina de humo para impulsar cuanto antes las normas legales que permitan investigaciones rápidas en este terreno de las financieras offshore. Pareciera existir una intencionalidad política que podría convertirse en un arma de doble filo, especialmente si la investigación de fortunas o legitimación ilegal de ganancias alcanza a funcionarios corruptos que aún se esconden bajo el manto de la impunidad. En todo caso, todo indica que la confidencialidad bancaria no parece que será un obstáculo para la investigación de fortunas mal habidas.

Resultaría lamentable que la tarea de transparentar actividades financieras esté también dirigida a encontrar como sea evidencias de ilícitos, especialmente relacionadas con entidades offshore nacionales, de algunos ciudadanos opositores.

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