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 11 de Noviembre de 2019
Nacional
Al frente del Ministerio de Gobierno
En siete años, Romero no logra frenar la corrupción en la Policía
Viernes,  12 de Abril, 2019
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Ref. Fotografia: Imagen ilustrativa. Foto: ABI

Carlos Romero está siete años al frente del Ministerio de Gobierno y al mando de diez comandantes generales, a lo largo de estos años no logró frenar la corrupción en la Policía Boliviana.

Romero ocupó distintos cargos durante el gobierno del presidente Evo Morales, sin embargo, es en la cartera del Ministerio de Gobierno donde estuvo más tiempo. Asumió la responsabilidad en enero de 2012.

Desde el inicio de la presidencia de Morales (2006), la corrupción en la Policía ha sido un problema permanente, muestra de ello es que cada gestión apareció manchada por escándalos que involucraban a los uniformados del Verde Olivo.

Entre 2006 y 2011, los generales Isaac Pimentel, Miguel Vásquez, Miguel Gemio, Víctor Hugo Escobar, Oscar Nina y Oscar Farfán estuvieron vinculados a distintos hechos de corrupción: manejo irregular de fondos del Consejo de Vivienda Policial, adjudicaciones irregulares, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, placas clonadas y narcotráfico.

Romero llegó al cargo para limpiar esa imagen negativa y reestructurar la institución, pero ese objetivo aún no ha sido cumplido. El martes cambió al comandante de la institución que apenas permaneció en el cargo tres meses, y a la nueva autoridad posesionada le pidió que sanee la entidad.

ANF hizo un repaso de los principales hechos de corrupción en la institución policial durante las gestiones del ministro.

Cuando Romero llegó al ministerio, estuvo al mando de la Policía el general Jorge Santiesteban (2011-2012), fue destituido y procesado por el ingreso ilegal de 54 cadetes a la Universidad Policial (Unipol)

Declaraciones del ministro Romero en 2012

Santiesteban fue reemplazado por Víctor Maldonado (mayo de 2012 a diciembre de 2012). La designación de Maldonado fue criticada porque anteriormente participó en la represión a los indígenas en Chaparina. Además, los mismos policías cuestionaron su nombramiento porque no egresó de la Academia Nacional de Policías (Anapol).

Su sucesor, Alberto Aracena (2012-2013) fue involucrado en la compra irregular con sobreprecio de uniformes (blusas) para efectivos policiales, hecho que habría dejado un daño económico de Bs 200 mil, aproximadamente.

Aracena fue relevado del cargo por Walter Villarpando (2013-2014). Al igual que su antecesor, fue vinculado en la compra irregular de uniformes para la guarnición.

En julio de 2014, Romero dejó el cargo para habilitarse a la candidatura a primer senador del MAS por el departamento de Santa Cruz. Le sucedió Jorge Pérez y luego Hugo Moldiz por poco tiempo.

Durante esa transición, Luis Enrique Cerruto fungía como comandante, pero dejó el cargo a raíz de la fuga del ciudadano peruano Martín Belaunde; esa misma situación llevó a Moldiz a renunciar al cargo.

El presidente Morales designó nuevamente a Romero como ministro (mayo de 2015), con él al frente lograron capturar a Belaunde y entregarlo a las autoridades del Perú.

En ese lapso, Cerruto fue procesado y encarcelado por la adquisición irregular de 83.000 quintales de azúcar y arroz para la Policía con una pérdida de al menos Bs 5 millones.

Con el retorno de Romero, el mando policial recayó en el general Edgar Tellez (mayo 2015 a agosto de 2016), se comprometió a activar dispositivos de supervisión y otras acciones para frenar la corrupción. Esta gestión policial también fue vinculada a irregularidades.

Rosario Chávez, generala de la Policía y exsubcomandante, acusó a los "jefes" de la institución de extorsión y corrupción en los destinos, tras su denuncia, Chávez fue procesada.

El presidente Morales no quedó indiferente al tema y anunció: "Vamos a crear alguna norma para eso. Ese policía de base o ese subalterno que denuncia será reconocido y premiado. Tal vez así podamos mejorar la imagen de la institución. Ministro de Gobierno (Romero), tenemos que trabajar en alguna norma para ese policía sano, ese policía honesto que denuncia, y reconocer desde el ministerio, desde la Presidencia", dijo en junio de 2015.

Sin embargo, las irregularidades continuaron, pero los jefes policiales argumentaban que eran y son "hechos aislados".

Declaraciones del general Tellez en 2015 sobre uniformados implicados en irregularidades. 

Tellez fue reemplazado por el general Rino Salazar (agosto de 2016), quien fue cuestionado y procesado por el violento operativo desplegado contra cooperativistas en la localidad de Panduro, donde fue secuestrado y asesinado a manos de los mineros el entonces viceministro Rodolfo Illanes. También se registraron varias víctimas fatales de los mineros cooperativistas.

Por ese caso, Salazar fue imputado, pero hasta la fecha no se llevó acabo su audiencia de medidas cautelares.

En el mismo proceso, el chofer de Illanes, un policía de bajo rango, contó a la Fiscalía lo ocurrido en Panduro para coadyuvar con las investigaciones, pero no fue premiado sino procesado e incluso se pidió su baja de la institución.

Salazar fue relevado en el mando por el general Abel de la Barra (febrero de 2017), el primer afroboliviano que llegó a un cargo alto en la institución.

En su gestión, De la Barra fue denunciado de presentar certificaciones fraguadas para ascender al grado de general; también se vio involucrado en una serie de denuncias con Antonio de la Fuente. Entre mutuas acusaciones, De la Barra denunció extorsiones y difamaciones y De la Fuente lo acusó por operativos irregulares.

De la Barra fue reemplazado por Faustino Mendoza (diciembre de 2017). Esta autoridad fue criticada por instruir operativos violentos contra estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca). Producto de los enfrentamientos entre policías y los sectores mencionados fallecieron el universitario Jonathan Quispe Vila, el teniente Daynor Sandoval, dos cocaleros y hubo varios heridos.

Además, en la gestión de Mendoza se destapó la corrupción en los destinos policiales y en la Anapol. Producto de ello varios jefes policiales fueron procesados.

Mendoza fue reemplazado por el general Rómulo Delgado (diciembre de 2018). Delgado no fue vinculado a ilícitos, pero en los tres meses y medio de su gestión estallaron escándalos que involucraron a policías en cobros irregulares en la Anapol, policías vinculados al contrabando, cobros ilícitos para destinos, violaciones en carceletas y robos.

Con este panorama, Romero el 21 de marzo de este año reconoció que "no es un secreto que la matriz de la corrupción en la Policía Nacional ha sido el manejo de los destinos, los destinos han servido para extorsionar a gente, los destinos han servido para generar recaudadores", afirmó.

En un contexto de denuncias en la institución, Delgado tuvo un mandato corto de tres meses y medio, fue reemplazado por el general Yuri Calderón (abril de 2019), inició su gestión con la misión -una vez más- de limpiar la imagen de la institución.

Declaraciones del ministro Romero en 2019. 

La apuesta de Romero está en la implementación total del programa BOL 110, del cual se habló mucho desde 2018, y con el que se pretende reestructurar y modernizar la institución. El jefe de Estado anunció en 2016 una inversión de 105 millones de dólares.

Romero pidió al alto mando policial implementar nuevas estrategias de control como información cruzada, contrainteligencia, acciones inmediatas con objeto de sanear a la Policía Boliviana.