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Editorial
Trata y tráfico de personas
Lunes,  9 de Julio, 2012

Los esfuerzos por dotar al país de una ley actualizada conceptualmente y que se demuestre integral con otras disposiciones legales para ser aplicada con eficacia contra la trata y el tráfico de personas en el país, resultan plausibles y alentadores, especialmente si se considera que hasta principios del año 2006 se carecía de una normativa específica que regule y controle este problema. Conviene tener presente que la trata y tráfico de personas en Bolivia se ha incrementado de manera peligrosa y preocupante en un 92 por ciento en los últimos diez años, donde las víctimas son preferentemente niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de 12 a 22 años de edad.

Por tanto, se ha hecho perentoria la necesidad de contar con una normativa que permita enfrentar esta despreciable forma de esclavitud moderna que, asimismo, constituye una flagrante violación de los derechos humanos. No solo había que ponerse a tono con los tiempos que corren, sino que por fuerza debía tomarse en cuenta la creciente complejidad del problema del tráfico de personas que no podía atacarse desde unas normativas obsoletas, incoherentes e insuficientes. En el país y, por supuesto, en todo el mundo, la trata de personas se ha intensificado hasta proporciones insólitas, cuyas características manifiestan el grado de peligrosidad de esta forma de crimen organizado.
 
Sin duda, el problema de fondo sigue siendo la pobreza, con sus facetas más visibles como la inequidad, la discriminación y la injusticia social. Es sabido también que la falta de instrucción escolar predispone a las potenciales víctimas a mayores riesgos. Desde esta perspectiva, la disponibilidad de normativas legales modernas debe estar acompañada de políticas claras, decididas y amplias para combatir la pobreza de la población. En el caso de Bolivia, esta tarea no termina de encararse con la premura que se necesita. Con seguridad que en la medida que se combata la pobreza de la mayoría de la población, será más factible luchar contra el tráfico y la trata de personas en el país.
 
Conviene recordar que el número de menores desaparecidos que son secuestrados o engañados cada año ha crecido de manera alarmante en el eje troncal del país. Se sabe también que un elevado porcentaje de las víctimas mujeres jóvenes es sometido a actividades que denigran a la persona, como la prostitución, pero también a la explotación laboral, turismo sexual, mendicidad forzada, servidumbre por deudas, trabajo forzoso entre otros tipos de trato denigratorio. Los grupos criminales que se dedican a esta actividad delictiva también han proliferado y aprovechan hasta las oportunidades que ofrecen las redes sociales a través de Internet para capturar víctimas.
 
En otras palabras, las normas legislativas deben actualizarse para no quedar desfasadas a la hora de sancionar delitos tan graves y diversos como la trata y tráfico de personas. El solo hecho de intentar disponer de una normativa nacional integral y actualizada sobre esa problemática delictiva se debe destacar en su justa medida. No obstante, conviene advertir, asimismo, que el Gobierno debe encarar con la mayor decisión y convicción posible la implementación de políticas estatales dirigidas a combatir la pobreza y la inequidad, porque deviene en condición ineludible para que la norma regulatoria encuentre menos obstáculos a la hora de ser aplicada como corresponde.

La implementación de políticas estatales dirigidas a combatir la pobreza y la inequidad, deviene en condición ineludible para que una norma regulatoria encuentre menos obstáculos a la hora de ser aplicada como corresponde.

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