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Tribuna
Por el bien del país: respeto a la voluntad popular
Domingo,  28 de Abril, 2019

Ninguna instancia podría ni puede modificar una decisión adoptada por la voluntad popular expresada en un referéndum o consulta popular, al tratarse de una decisión asumida dentro de una competencia excepcional que le permite al pueblo asumir de manera directa determinaciones en el ámbito jurídico o político, o en ambos a la vez, que resultan, además, ser decisiones irrevocables, irrevisables e inmodificables, como lo hemos venido sosteniendo. Tal es el caso del referéndum del 21 de febrero de 2016, que fuera convocado por el gobierno, consulta en la que la voluntad popular se pronunció por el rechazo de toda reforma constitucional que sea favorable a la reelección presidencial. Esto significó que no era ni es posible la reforma del art. 168 de la Constitución, reforma que en los hechos lamentablemente se la ha impuesto atropellando la Constitución y desconociendo la voluntad del pueblo.

De ahí que la sola lectura o mención del art. 196 de la CPE, coloca a la resolución 84/2016 del Tribunal Constitucional Plurinacional, (que inconstitucionalmente habilita a los actuales mandatarios para una nueva reelección) en el plano de las resoluciones totalmente nulas por cuanto la norma constitucional que acabamos de invocar dispone de manera categórica  que “…el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto de los derechos y garantías constitucionales”, entre tanto que la resolución 84/2016, de dicho Tribunal, contradice ese texto para dar paso a un grave atentado contra los derechos y garantías del ciudadano, algo que antes ya lo señalamos pero que ahora lo hacemos nuevamente para recordar a la ciudadanía que no pueden ser desconocidos ni avasallados sus derechos, menos cuando mediante referéndum ha salido en defensa de la Constitución (21F), oponiéndose democrática y mayoritariamente a la repostulación y reelección de los actuales mandatarios (presidente y vicepresidente).

Con tales antecedentes vemos que podría ser muy conflictiva la situación política y social del país, si por alguna desafortunada circunstancia impuesta por un sectarismo secante y excluyente, participen los actuales mandatarios en esa repostulación, cuando más bien están obligados jurídica, política  y éticamente  a sujetar sus actos al mandato constitucional y a la decisión que ya adoptó el pueblo boliviano (21F), pronunciándose democráticamente por la vigencia de la Constitución y por el rechazo al continuismo presidencial. Entre tanto, corresponde que las corrientes democráticas de la oposición, ante la proximidad de las elecciones, por el bien del país y de su futuro, unifiquen esfuerzos de manera inteligente y desprendida para hacer realidad la aspiración irrenunciable de alternabilidad democrática en el ejercicio del poder en procura de mejores horizontes para nuestro país

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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