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 20 de Mayo de 2019
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Ven demora en los procesos de esa normativa
Acoso político, el TED de Santa Cruz desconoce de casos con sentencia
Si bien Bolivia avanzó en cuanto a la participación de la mujer en los espacios de poder, falta acabar con el acoso político.
Lunes,  12 de Marzo, 2018
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Ref. Fotografia: En el Tribunal Electoral Departamental, la Asociación de Concejalas de Santa Cruz realizó un taller de socialización de la ley 243.

Los avances en cuanto a paridad y aumento de la participación política de la mujer en nuestro país son innegables, incluso Bolivia se ha convertido en un referente a nivel regional e internacional, no solo por los espacios de poder que están en manos de mujeres, sino también por la normativa que se legisló para proteger a las féminas del acoso y la violencia política, sin embargo, al igual que muchas otras legislaciones, la aplicación y los procedimientos se encuentran truncados por diversos factores que impiden que se pueda sancionar a los acosadores de las distintas fuerzas políticas, tanto a nivel nacional, como en los gobiernos subnacionales, así lo denuncian algunas concejalas y asambleístas que no encuentran agilidad en sus procesos.

Según datos publicados por el portal Urgente.bo, el Observatorio Género de la Coordinadora de la Mujer (Órgano Electoral Plurinacional), reveló que en el 2017 se registraron 12 casos de acoso político y 20 de violencia política en el país, más se desconoce cuántos de esos casos están en su etapa conclusiva, de igual manera, en Santa Cruz, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Eulogio Núñez, indicó que desconocía cuántos casos habían llegado a tener sentencia, en consecuencia, las denunciantes reflexionan sobre la importancia de hacer más efectiva la norma que al final, se vuelve en un calvario para ellas, más aún si son autoridades en el área rural.

El machismo se sobrepone. La controversia entre la asambleísta departamental, Neira Buddelmann y el Partido Demócrata Social, parece no tener fin. La legisladora indica que, a pesar de haber denunciado a los representantes del instrumento político por el cual ella fue candidata, por el delito de acoso político, su proceso se encuentra estancado. Buddelmann asegura que fue obligada a renunciar por fiscalizar la gestión del Gobierno Departamental, posterior a la renuncia, denunció presiones, abriendo una causa en el Tribunal Electoral Departamental, el cual llegó hasta la Fiscalía.

“Yo seguí todos los procedimientos para que se sancione a mis acosadores y hasta hoy no tengo respuesta, más al contrario resulto yo más perjudicada, trajinando en juzgados y Fiscalía, así la víctima de acoso y violencia política termina cansándose, peor si una es de provincia”, dice la asambleísta.

“Esta ley (243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia Mujeres) también está sujeta al manoseo político, los fiscales que me han tocado, todos han sido exfuncionarios de la Gobernación, amigos de los acusados. En la política y en la justicia manda el machismo, el cual está protegido por la corrupción, no podemos negarlo, esta Ley no se ha aplicado porque aún tenemos un sistema patriarcal. Si usted supiera cómo es la charla entre algunos asambleístas, es totalmente vergonzoso, además de los actos descarados de corrupción donde cobran por aprobar normas en favor de ciertas empresas, yo he escuchado a asambleístas decir: las hembritas no esperan, quiero mi toquito”, agrega Buddelmann.

Jessica Echeverría, exdiputada nacional, explica que la Ley 243 fue impulsada principalmente por concejalas y alcaldesas, ya que en muchos municipios estas autoridades eran hostigadas y amedrentadas, incluso impedidas de ejercer libremente sus cargos políticos.

“Esta ley nace para proteger a la mujer que está en una función pública, del machismo que existe en la política local. Lamentablemente aún prima el machismo en los instrumentos políticos, siempre son los hombres los que tienen la titularidad de las concejalías y diputaciones”, sostiene Echeverría.

En el reportaje publicado por Urgente.bo, María Ángela Soleto, representante de la Coordinadora de la Mujer, señala que las más vulnerables al acoso y la violencia política, son las mujeres que cumplen funciones en los distintos órganos legislativos de los tres niveles de gobierno.

Explica además que “la violencia política es entendida como toda acción de violencia, física o psicológica que se ejerce contra una mujer en el ejercicio político. El acoso político son las amenazas, persecuciones directas o indirectas para impedir que una fémina ejerza su cargo”. 
      
Miedo a denunciar. Ana Saavedra, concejal de Puerto Quijarro, cuenta que no solo sufrió acoso político por parte de un miembro de su partido, sino también del presidente del Concejo, el cual pertenece a otra tienda política. “Yo candidateé como concejal suplente, pero, al mes de ser posesionados, el titular, que al igual que yo es profesor, ganó la Dirección Distrital de Educación en mi municipio, entonces renunció al cargo y yo asumí la titularidad, desde ese momento comenzó mi calvario”, comenta.

Indica que el hombre la hostigaba y presionaba para que le dé Bs 20 mil que él habría gastado en la campaña. “Tuve que dárselo, pensando que al fin terminaría de una vez ese problema, pero no fue así, él continuó hablando mal de mi persona con mis mismos colegas profesores. Posterior a eso, el presidente del Concejo, que es del otro partido empezó a acusarme sin pruebas de narcotráfico, entonces le abrí un proceso en el que tenía que ir a Comisión de Ética, pero como son mayoría, en la sesión lo mandaron a archivo el caso, por eso ahora lo voy a denunciar en la instancia del Órgano Electoral”, aseguró la concejala.
Saavedra asegura que en el primer caso, con el concejal titular de su partido, no quiso denunciarlo por acoso político por no hacer quedar mal a su instrumento, esa es la realidad de muchas mujeres políticas que sienten una presión adicional.

La senadora, Adriana Salvatierra, explica que muchas mujeres no llegan a denunciar ese tipo de delitos por miedo. “El acoso político contra las mujeres se va mimetizando en las prácticas políticas, las mujeres tienen miedo de denunciar porque consideran que eso les supone un fin a sus carreras políticas”, manifiesta.

Entretanto, la representante de la Coordinadora, subrayó que hay muchas féminas que forman parte de los partidos políticos tienen temor a denunciar  un caso de violencia o acoso político por "temor a ser puesta al hielo (ignoradas) o las desestimen de su carrera política".

Eulogio Núñez indica que existe presión tanto de la organización política, como de organizaciones sociales, cuando se presentan este tipo de casos. “Nosotros tenemos un reglamento de denuncias y renuncias, eso quiere decir que si la renuncia de una autoridad es bajo presión, nosotros tenemos la facultad de no dar curso a esa renuncia, porque en el país se garantiza el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y nosotros tenemos que cumplir y hacer cumplir esa norma”, sostuvo el presidente del TED.

El trabajo interno. Núñez considera importante que en las fuerzas políticas se controlen y vigilen para que no se den casos de acoso y violencia política en sus organizaciones. 

Por su parte, Salvatierra insta a que en los partidos políticos existan tribunales internos donde se puedan sancionar las prácticas que están penadas por la Ley 243.

“Se debe trabajar en los mecanismos internos, se debe fortalecer la participación de la mujer y la paridad de género, pero también se debe analizar el alcance de la ley, puesto que aún quedan desprotegidas las mujeres que no están en función pública pero que son parte de organizaciones políticas y sufren ese tipo de acoso y violencia”, manifestó la senadora.

Mientras, Echeverría reflexiona sobre el uso que se le ha dado a la norma en cuestión y lamenta que aún se sigan generando hechos de violencia, no solo física, sino también sexual y psicológica al interior de las fuerzas políticas, en ese sentido indica que en el ejercicio político la mujer se lleva la peor parte, porque es el blanco de los ataques más bajos y no solo es hostigada por sus adversarios políticos, sino también por sus compañeros de fórmula.

Agilizar procedimientos. Tanto Buddelmann como Saavedra, ambas denunciantes, coinciden en que denunciar los delitos que son penados en la Ley 243 es más complicado para autoridades rurales, porque son las más vulnerables e instan a los vocales electorales tomen en cuenta las dificultades que existen para llegar a la ciudad cuando el proceso se hace extenso.

Núñez señala que existe un procedimiento para realizar la denuncia por acoso y violencia política y que posterior a la denuncia en el Órgano Electoral, se procede a poner en conocimiento del Ministerio Público.


“Como Órgano Electoral tenemos un reglamento para renuncias y denuncias, ahora los casos se están dando en menor intensidad, antes eran más fuertes los casos por violencia y acoso político”, dijo el presidente del TED.

Finalmente Salvatierra manifiesta que se tiene que trabajar para que la construcción y reproducción del poder, el cual todavía tiene una lógica patriarcal, cambie.

"En la política y en la justicia manda el machismo, que es protegido por la corrupción. Esta Ley no se aplicó porque tenemos un sistema patriarcal”.

Neira Buddelmann
Asambleísta Departamental

"Las mujeres que sufren acoso y violencia política tienen miedo de denunciar porque consideran que eso les supone un fin a sus carreras políticas”.

Adriana Salvatierra
Senadora

 

autor : Cristhian-F.-C.-Vara
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