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Editorial
Empresas estatales
Sábado,  21 de Mayo, 2016

El reciente cierre de la Empresa Nacional de Textiles (Enatex) ha desencadenado la lógica protesta de los más de ochocientos trabajadores de la exinstitución pública que por esa drástica medida han perdido sus fuentes laborales. El Gobierno ha sustentado su acción al considerar a la ahora exempresa estatal, un ente industrial deficitario. Por su parte, la Central Obrera Boliviana se ha manifestado en contra del cierre de empresas estatales y ha pedido al Gobierno que revise la citada medida. Mientras tanto, el sector fabril ha declarado movilización permanente amenazando con respuestas violentas si no se revierte la medida que es calificada de antipopular y contraria a la clase trabajadora.
 
Conviene recordar que el Gobierno se ha hecho cargo de Enatex en las difíciles circunstancias que ya manifestaba síntomas  de gestión inadecuada. Tremendo error que ahora pretende enmendar decretando su cierre, porque la adquisición y gestión pública de Enatex se ha basado en criterios políticos y no empresariales de desarrollo. Por lo mismo, no ha podido salir del pozo de improductividad en que había caído. El argumento de peso que ha esgrimido el Gobierno para sellar el fin de Enatex, es que existe una política gubernamental que indica el cierre de empresas de todas aquellas que no son autogestionarias y que se han convertido en una pesada carga para el Estado.
 
Desde esa perspectiva varias empresas estatales, especialmente las de nueva creación, estarían en el ojo de la tormenta al no estar reportando utilidades. Si se mira bien, al menos tres empresas públicas quebraron en el último año y en varias existen problemas de gestión. Al cierre de la Empresa de Construcciones del Ejército, ha seguido el de la Empresa Naviera Boliviana y la Empresa Nacional Automotriz, y últimamente la minera Huanuni parece estar condenada a desaparecer. En el país existen al menos sesenta y tres empresas estatales, y de muchas de ellas no se conoce que reporten ganancias, sino todo lo contrario. El horizonte muestra nubarrones de conflicto social.
 
Todo indica que la falencia principal en la gestión de las empresas estatales deficitarias es que responden a la coyuntura política, de manera que se echa en falta una visión técnica de mercado, del contexto, la coordinación de insumos, el rol en la cadena productiva y otros factores decisivos para su existencia. A menudo los responsables de las estatales no reúnen las características exigidas para una administración exitosa porque son burócratas o desconocedores del área. De este puntual aspecto se han dado cuenta los mismos trabajadores, que exigen administraciones públicas idóneas. Vistas así las cosas, el Gobierno se encuentra en el doloroso dilema de avanzar o retroceder.
 
Sin duda, impresiona como acertada la política gubernamental de cerrar toda empresa que no sea autogestionaria. El sector privado empresarial el de la misma opinión. Sin embargo, la cuota parte del Gobierno está en designar una planta administrativa que maneje las empresas estatales con criterios de empresa privada, especialmente si hay deficiencia de producción. El desafío gubernamental estriba en colocar a personal gerencial idóneo al mando y no simples funcionarios conmilitones. Con el cuarto intermedio entre fabriles y Gobierno se abre la posibilidad de soluciones basadas en la cordura y en el sentido común, porque no se trata de echar a la gente a la calle sin más.

El Gobierno debe designar una planta administrativa que maneje las empresas estatales con criterios de empresa privada. El desafío estriba en colocar a personal gerencial idóneo al mando y no simples funcionarios conmilitones.

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