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 14 de Agosto de 2018
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Los nueve mayores escándalos de corrupción en el Gobierno del MAS dejan un daño superior a los bs 1.000 Millones
La costosa factura de los casos más bullados
Manejo. Ven necesario impulsar la institucionalización y remarcar la seriedad de las funciones de los departamentos de control en las instituciones públicas.
Domingo,  15  de Noviembre, 2015
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Ref. Fotografia: Informe. Lariza Fuentes se encargó de la intervención al desaparecido Fondo Indígena.

Dicen que la corrupción no deja factura, sin embargo, los distintos escándalos de corrupción surgidos en el Gobierno del MAS dejan una pérdida mayúscula a las arcas del Estado. Apelando a las cifras oficiales, se establece que  el daño económico supera los mil millones de dólares en los nueve  casos más sonados que han salido a la luz públicamente, desde hace algunos años, inclusive algunos de ellos con connotación internacional.

Casos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los programas gubernamentales como el denominado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) y plan de viviendas, además de las irregularidades en instituciones públicas, son los hechos que marcaron agenda.

El último escándalo estalló esta semana cuando el interventor de la Empresa de Correos de Bolivia reveló un daño de 100 millones de bolivianos por malos manejos supuestamente cometidos por medio centenar de ex y actuales funcionarios de Ecobol. En cuanto al Fondo Indígena hay diversas cifras. La Contraloría estableció en febrero un daño de Bs 71 millones. La interventora Lariza Fuentes reportó malos manejos por unos Bs 102 millones. Para opositores la cifra es cortísima y estiman que hubo irregularidades en proyectos con un monto presupuestado de más Bs 4.000 millones.

Observaciones a las funciones. El politólogo Jimmy Frías considera necesario que se realice una institucionalización seria del Estado.

Señala que existen instituciones públicas que se han visto envueltas en más de un problema de corrupción en donde se afecta la misma imagen del país y además se provoca un daño económico al Estado.

Para Frías, existen dos acciones que considera se debieron tomar tiempo atrás para evitar este tipo de hechos: Primero, el no haber fortalecido las funciones y la presencia de la Contraloría en sus funciones centrales, es uno de los problemas principales para que se registren las irregularidades. Segundo, regular el trabajo de los departamentos de transparencia que tienen las instituciones.

"Desaparecer totalmente es muy difícil, pero sí se puede lograr un control minucioso. La idea es trabajar, las leyes no van a lograr desaparecer los casos de corrupción, pero las investigaciones deben ser más profundas. Existe responsabilidad por acción y omisión, entonces considero que los señores que están encargados de realizar el control, pero que no lo hicieron y después detectaron problemas irregulares, deberían estar presos por no advertirlos", manifestó.

Políticos opositores cuestionan a la justicia. Para el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Julio Costa, el denominado proceso de cambio que impulsó el Movimiento Al Socialismo (MAS), para llegar al poder no ha dado buenos resultados.

"¿Con irregularidades en nuestras altas autoridades qué podemos esperar con los trabajos posteriores?, nuestras autoridades tienen antecedentes nefastos, han entrado grandes corruptos a gobernar el país y eso realmente es grave. Estamos hablando de una cantidad muy alta y eso solo de lo que se ha hecho público y de lo que no se dice donde queda?", cuestionó el legislador opositor.

En la misma línea, su par opositor de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, indicó que a su parecer la corrupción se ha institucionalizado en el Gobierno central.

"Esto afecta a los recursos de la población, hablamos de un monto alarmante que no es de baja importancia. Este análisis y los escándalos mayores de corrupción en el país nos demuestra que se ha institucionalizado la corrupción y cada vez la impunidad se campea en todos los casos", dijo.

Cuestionó que hasta el momento no exista sentencia ejecutoriada contra los responsables de todos los casos donde se registró el daño económico, afectado a los intereses de los bolivianos.

Sobre eso, responsabilizó a los administradores de justicia por no tomar acciones inmediatas sobre la situación de los procesos en investigación, los mismos en los que, según él, no se observa un avance notorio.

"Lamentablemente estamos viviendo la lógica de la impunidad del masismo, donde un credencial está por encima de la justicia. Los opositores creemos que lamentablemente los operadores de justicia están dedicados a perseguir a líderes opositores y no asumen un compromiso de seguridad. Tenemos una justicia de Shakira: ciega, sorda y muda", ironizó.

Afectados por las irregularidades y denuncias. Nelly Romero, vicepresidente de la Confederación Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano (Cidob) que maneja Adolfo Chávez, lamentó que el daño económico que se ha detectado al Estado, aumente con la aparición de nuevos hechos.

Recordó que el programa del Fondioc se logró producto de una larga lucha de los pueblos indígenas y que con movilizaciones se logró concretar este fondo con el fin de beneficiarse en sus oficios.

Sin embargo, cuestionó que este programa haya sido utilizado como una fuente de dinero para poder utilizar sin control y a conveniencia propia de cada dirigente que buscaba beneficios personales. "Es triste ver que tanta plata se perdió por la ambición de algunas personas que se aprovecharon de esto para agarrarse dinero. Los mismos masistas son los que se aprovecharon del despilfarro, pero no puedo ser cómplice y voy a seguir denunciando las irregularidades siempre", precisó la dirigente indígena.

Cuestionó que el Gobierno se jacte de mencionar en varias oportunidades que tiene una gestión transparente, pero que deje de lado las denuncias públicas de corrupción y de irregularidades.

Oficialismo niega responsabilidad partidaria.  Desde el MAS, negaron que estos hechos sean una responsabilidad directa del partido de turno, sino más bien situaciones que escapan de las manos de las autoridades gubernamentales, pero que se tomarán acciones.

La senadora Adriana Salvatierra (MAS), resaltó la creación de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en la gestión de Evo Morales, señalando que es una norma dura para sancionar a quienes cometen actos de corrupción.

"En este gobierno con este presidente se ha fortalecido el proceso de cambio, cambio en la justicia y cambio en muchos aspectos. No es responsabilidad del MAS, los delitos son personalísimos, no hay delito a título partidario", precisó.

Sin embargo, aclaró que hace falta algunos ajustes y controles para fortalecer acciones de la Contraloría y del mismo Ministerio de Transparencia, para actuar de forma inmediata contra las irregularidades. "Lo que sí creo y reconozco que necesitamos fortalecer acciones para iniciar las medidas de responsabilidad y sobre todo pues fortalecer la aplicación de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz", apuntó la senadora.

Punto de vista

Paúl Antonio Coca
Analista Político

"Es urgente la prevención y lucha contra la corrupción"

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más importantes de un Estado es la lucha contra la corrupción, ya que la misma no debe remitirse o hacer propaganda de los casos bullados que escuchamos en los medios, sino también en la propuesta y en los pequeños casos.

En la Agenda Patriótica 2025 se ha puesto la lucha contra este flagelo en el Pilar Número Once, ya que es necesario cambiar la mentalidad que existe en la ciudadanía. Si bien se tiene normas drásticas como la Ley 004 Anticorrupción, además de la CPE que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y del daño económico causado al Estado, hay que indicar que un conjunto de normas  jurídicas, de por sí, no van a cambiar la mentalidad adquirida.

Las entidades estatales tienen, desde 2009, Unidades de Transparencia que se dedican a  investigar, prevenir y recomendar acciones a seguir en estos actos de corrupción, por lo que las mismas deben trabajar, además del ámbito institucional interno, con el "control social", que es la ciudadanía, socializando, entre varios aspectos, normas que aún la población desconoce: la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Ley de Participación y Control Social, Ley de Protección de Denunciantes y Testigos en hechos de Corrupción, entre otras normativas.

"Las leyes no van a desaparecer los casos de corrupción, pero las investigaciones deben ser más profundas. Deberían estar presos los que no controlaron".

Jimmy Frías
Politólogo

"Nuestras autoridades tienen antecedentes nefastos, han entrado corruptos a gobernar el país. Estamos hablando de una cantidad muy alta".

Julio Costa
Diputado PDC

"Lo que sí creo y reconozco que necesitamos fortalecer acciones para iniciar medidas de responsabilidad y fortalecer la aplicación de la ley Marcelo Quiroga".

Adriana Salvatierra
Senadora MAS

"Es triste ver que tanta plata se perdió, por la ambición de algunas personas. La misma gente masista es la que se aprovechó del despilfarro".

Nelly Romero
Dirigente Indígena

Observación
Irregularidad en la policía

Críticas. en dos casos de corrupción dentro de la institución del verde olivo, se señalaron hechos de irregularidad económica.

El primero con el comandante Alberto Aracena en la compra de uniformes con daño de Bs 200 mil.

El segundo en la gestión de Luis Cerruto por la compra de víveres con daño de Bs 500 mil.

Casos fuertes

Ecobol

El proceso de intervención en la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) identificó que hubo alrededor de Bs 100 millones de daño económico al Estado.

Papelbol
La empresa D’Andrea Agrimport Importacao e Comercio, habría estafado al Estado Bs  49 millones por la compra de maquinaria para la empresa Papeles de Bolivia (Papelbol) .

Barcazas
El Ministerio de Defensa, confirmó un daño económico al Estado en el caso de la compra de 16 barcazas y dos remolcadores.  En este se invirtió $us 30 millones (Bs 210 millones).

FONDIOC
La intervención al Fondioc reportó que hubo un daño de más de 102 millones de bolivianos al Estado en al menos 743 proyectos.

YPFB - Sipsa
Detectan daño económico de $us 60 millones en la empresa YPFB- Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA) por el contrato y alquiler de una perforadora importada desde Venezuela para la estatal petrolera. En bolivianos alcanza los 420 millones.

YPFB
Una red de corrupción dentro de YPFB se benefició con contratos de publicidad, la realización de eventos y otros por un valor  de tres millones de bolivianos.

Yacuiba, drenaje pluvial
La Contraloría denunció un daño económico al Estado de 13 millones de bolivianos en la construcción de un drenaje Pluvial en Yacuiba.

Plan vivienda social
El Ministerio de Transparencia detectó un daño económico al Estado de 100 millones de bolivianos dentro del programa Plan Vivienda Social.

UMSS
Contraloría, informa sobre el daño económico de 12 millones de bolivianos en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), por salarios mayores a 15 mil bolivianos.

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