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Editorial
La demanda chiquitana
Lunes,  12 de Octubre, 2015

Con el compromiso del diálogo para abordar las propuestas de solución a la demanda chiquitana, la Gobernación cruceña y representantes de este pueblo originario han cerrado el reciente fin de semana una etapa de lamentables desencuentros. Sin duda, una serie de factores de índole política han jugado un rol importante en este conflicto, pero también se ha puesto en evidencia que existe una insuficiente atención de la problemática chiquitana, aspecto que se complica con el cuestionamiento al modelo autonómico departamental. Con ello, se coloca en la mesa del debate no sólo los alcances del pacto fiscal, sino los propios estatutos autonómicos en fase de aprobación.

Se hace preciso señalar que sectores afines al partido oficialista gubernamental se han dado modos para impulsar, a partir de una simple demanda de reconocimiento de representante a la Asamblea Legislativa Departamental, una serie de reclamos difíciles de atender en lo inmediato, por cuanto involucran situaciones y escenarios económicos, normativos y legales que todavía no se han resuelto por la compleja dinámica política del país. En todo caso, salta a la vista que la ausencia de un clima de entendimiento y concertación entre oficialistas y opositores está pasando una factura muy elevada al departamento en su conjunto, que así contempla una postergación de sus aspiraciones.
 
Conviene asumir que la manipulación de la representación del pueblo chiquitano en la Asamblea Legislativa Departamental ha estado inmersa en la áspera confrontación política entre demócratas y masistas. Ello ha creado un caldo de cultivo que favorece mayores conflictos si no se atiende el asunto con sensatez y perspicacia. Al final de cuentas, quizás este sea el problema de menor envergadura, aunque no esté exento de efectos colaterales que derivan de la matriz ideológica de cada bando en conflicto. Sin embargo, esta inicial demanda puede convertirse en el punto de inicio de una nueva era de relaciones si se la aborda como corresponde, haciendo prevalecer el interés común.
 
Por otra parte, el cuestionamiento a los estatutos autonómicos modificados y adecuados que se han enviado para su revisión y aprobación adolece no sólo de extemporaneidad, sino que también pecan de ambiguos. Si bien no son estos estatutos aquellos por los que la población se ha decantado en un referendo y que desde la óptica de la autonomía departamental original no tienen razón de ser, han sido señalados de discriminación y ausencia de participación por parte del pueblo chiquitano en su adecuación a la Constitución. Si estos cuestionamientos prosperan, la aprobación de los estatutos autonómicos cruceños adecuados puede postergarse nuevamente, o volver a fojas cero.
 
En cualquiera de las situaciones Santa Cruz pierde. Sin estatutos aprobados no hay pacto fiscal que permita la administración autónoma de los recursos de la región. Aquí se apunta al modelo de desarrollo departamental, cuya fórmula 50/40/10 ha sido rechazada. La demanda chiquitana que exige destinar el ciento por ciento de las regalías por hidrocarburos para los pueblos indígenas, se estrella contra el modelo autonómico de gestión vigente y abre nuevos frentes de conflicto de incierta perspectiva. Al abordar el diálogo, conviene asumir que la demanda chiquitana impresiona de una magnitud política, social y económica cuyos efectos no se han previsto ni atendido como se debe.

Al abordar el diálogo entre Gobernación e indígenas, conviene asumir que la demanda chiquitana impresiona de una magnitud política, social y económica cuyos efectos no se han previsto ni atendido como se debe.

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