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Editorial
El control de las empresas estatales
Miércoles,  26  de Febrero, 2014

En Sucre hay un sector de la sociedad que está con las armas emplazadas por la decisión de la fábrica de cemento Fancesa de expandir sus actividades hacia Santa Cruz, como lo han hecho otras compañías y como lo haría cualquier empresa que busca competitividad en el principal mercado boliviano.

Fancesa siempre fue bien manejada por un consorcio mixto integrado por la compañía Soboce, la Universidad San Francisco Xavier y el Municipio de Sucre y seguramente y a pesar de la nacionalización, sigue vigente esa cultura empresarial que busca la eficiencia y la rentabilidad, únicas formas de hacer que un negocio sea sostenible en el tiempo, que genere riqueza y fuentes de trabajo.

Lamentablemente, en los últimos años esos valores se han perdido, por la creencia de que las arcas del Estado no tienen fondo y que la bonanza de precios que nos mantiene como nuevos ricos que compran y nacionalizan todo, será eterna y que nos permitirá derrochar indefinidamente lo que no hemos sembrado.

Con ese criterio se han creado empresas sin mercado, fábricas sin materia prima a la vista, complejos industriales a miles de kilómetros de los clientes; se han multiplicado los supernumerarios de las empresas que antes generaban ganancias y se está usando a otras con una demagogia que las pone en peligro.

Los que defienden que Fancesa no ponga un pie fuera de Sucre se han contagiado de esa mentalidad y ahora ven lógico que la cementera haga política en lugar de negocios sin importar que se vaya a la quiebra. A lo mejor piensan que el Estado puede responder como lo hizo con la gigantesca textilera de El Alto, que languidece en la improductividad y como podría sucederle a la Manaco si se cumple la amenaza presidencial. Mal que mal todos cobran sueldo y los sindicalistas, mucho más. Tal vez eso quieren, pero el futuro de economía manejada de esa manera es incierto.

Hace unos días, los empresarios de Santa Cruz le pidieron al Gobierno que establezca con mayor claridad las reglas el juego para las empresas del Estado, con el objetivo de evitar que haya competencia desleal. Es obvio que con tanta plata y tanta politiquería combinadas y mucho más en periodo electoral, las compañías públicas corren el riesgo de convertirse en “piñatas” y eso conspira, primero contra las competidoras privadas, posteriormente contra el mercado, porque lo destruye y finalmente contra las mismas entidades públicas que casi siempre terminan en ruinas.

Los líderes empresariales ven con preocupación no solo la expansión de la economía estatal porque es conducida con criterios netamente políticos y a veces al calor del capricho de los caudillos, sino también porque existen un desdén hacia la actividad privada, sometida al acoso impositivo y la hiperregulación, cosa que no sucede con las entidades públicas, que gozan de libertad incluso para transgredir las normas.

Lamentablemente no existe la credibilidad y la transparencia necesarias para saber si las empresas estatales se encuentran bien administradas como lo asegura el Gobierno, que suele hacer públicas cifras sobre rentabilidad que dejan muchas dudas. En todo caso se hace necesario un marco jurídico más claro para que la sociedad civil pueda controlar de alguna manera el manejo y evitar que se presenten irregularidades.

Se han creado empresas sin mercado, fábricas sin materia prima a la vista, complejos industriales a miles de kilómetros de los clientes; se han multiplicado los supernumerarios de las empresas que antes generaban ganancias y se está usando a otras con una demagogia que las pone en peligro.

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