A propósito del tema, cito una reflexión del sacerdote uruguayo José Luis Gulpio, que hace pocos días escribió:
“Los CEO de esas empresas en sus “paraísos digitales”, han decretado la muerte del infractor. Han aniquilado, con un clic, la identidad digital del díscolo usuario. Podemos decir que esta acción fue razonable en el contexto de las muertes generadas por la invasión al Capitolio; pues el comportamiento de Trump era impredecible; también podemos decir que estas empresas tienen sus propias reglas y, quién no las cumple, queda afuera.
Pero la realidad es más compleja: ¿dónde está el límite cuando lo que gestiona una empresa privada afecta la vida digital de una persona? ¿Serán los CEO de una o dos empresas, cual dioses del Olimpo, a decretar quién puede existir y quién no?
Cabe recordar que sus intereses son siempre económicos pues no son servidores públicos. Y cuando el viento cambie de orientación ¿qué podemos esperar? Porque frente a actos que atenten contra la seguridad nacional, propagación de noticias falsas, etc., son los Estados a través de sus poderes judiciales quienes deben dictaminar y juzgar. Es peligroso que sean los privados quienes se atribuyan estas prerrogativas, pues ni los dueños de estas empresas ni nadie puede estar por encima de los órganos de justicia.
Que no se malinterprete, no defiendo a Donald Trump, simplemente, a través del hecho mencionado, me cuestiono sobre esta puerta que se ha abierto. Es sano que dicho evento suscite preguntas sobre si somos realmente conscientes del nuevo paradigma en el que nos encontramos en este continente digital que habitamos”.
En estos días también se nos comunicó que Whatsapp cambiará sus políticas de privacidad y que las compartirá con Facebook, ya que las diferentes plataformas comienzan a estar en las mismas manos: Facebook, Instagram y Whatsapp, por ejemplo.
La periodista y docente universitaria Ana Laura Pérez afirmó en una Tertulia en el programa En Perspectiva, que: “Los términos y condiciones no pueden ir contra la legislación vigente de ningún país…” Y recordó que “los términos y condiciones” son demasiado largos y están construidos con una opacidad intencional».
Lo cierto es que no tenemos muchas opciones, porque el derecho a no tener ciertas redes, no es algo que podamos elegir todos fácilmente, porque “para muchos de nosotros no usar esas plataformas, implica no enteramos de temas que son relevantes para nosotros”.
¿Renunciamos a derechos?
Y se pregunta si puede abandonar whatsapp y no enterarse de los comunicados del Colegio que se envían a los padres de los niños. “No es tan fácil irse de todas las plataformas”. Y entiende que, a diferencia de los medios tradicionales, “estas plataformas realizan censura previa y ninguna legislación del mundo lo permite”. “Mucha gente pasivamente permite que le borren sus contenidos y ni siquiera apela”.
Hace ya tiempo que para millones de personas, estar en algunas de estas plataformas se le ha vuelto necesidad fundamental para su vida, y para poder ser usuarios van cediendo derechos e información personal, para no quedar afuera.
Vamos perdiendo libertades con la ilusión de que “podemos acceder” a nuevas posibilidades de comunicación, como si para ser ilusoriamente más libres, tenemos que ir renunciando a libertades fundamentales. Y lo hacemos pasivamente y con cierta naturalidad. Solo nos dirán que aceptamos las reglas del juego libremente. ¿Pero hacia dónde nos encaminamos en la defensa de los derechos humanos en el mundo digital?
¿No deberíamos urgentemente buscar formas de control internacional de ejercicios de poder que vulneran los derechos de las personas sin que ellos se quejen?
¿Cómo se controlan los abusos de estos nuevos ámbitos de poder que parecen estar por encima de todas las leyes nacionales e internacionales? ¿Analizamos en profundidad cuánto cambiarán la vida pública las plataformas digitales?
¿Quiénes deciden lo que puede ser público y lo que no tiene permiso de publicación? ¿Bajo qué criterios alguien puede ser eliminado de las redes sociales y quién lo decide?
