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Editorial
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La hora de rendir cuentas
Jueves,  5 de Abril, 2018
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Resulta extremadamente paradójico que, cuando más se enarbola la soberanía y el principio de la no intervención en asuntos internos, los temas de mayor interés en Bolivia se estén dilucidando en el extranjero y no precisamente por la iniciativa de terceros, sino por los errores propios, por la inoperancia de nuestro Estado y porque en el país todo se queda en el discurso, la arenga y la consigna.

Nadie y menos los actuales conductores del país, tiene derecho a celebrar el dictamen de un jurado de Florida, Estados Unidos, que ha encontrado responsable al expresidente Sánchez de Lozada por las víctimas de las revueltas de octubre de 2003. En primer lugar, porque ha tenido que ser el “odiado imperio” el que nos ayude a esclarecer los hechos que todavía se encuentran en la nebulosa y cuyos culpables no solo están en las filas del Gobierno que ejercía el poder en ese momento. El hecho de que tenga que ser la justicia estadounidense la que logre avanzar simplemente pone en el tapete la incompetencia de nuestra justicia y de los líderes políticos nacionales.

Por otro lado, tampoco se puede hablar de que Sánchez de Lozada ha sido hallado culpable de algún crimen, pues se trata de un juicio civil. La historia y las leyes se encargarán de mostrar a su tiempo a todos los criminales y mientras tanto, el expresidente tendrá que pagar (con dinero) por fallas en el ejercicio de sus funciones, que derivaron en hechos violentos. El peor error que cometió Goni y sus colaboradores fue empecinarse en tratar de llevar adelante una administración constitucional, cuando fuerzas locales e internacionales que no entendían de leyes ni de razones, ya estaban subidas al carro de la rebelión, gritaban a coro “ahora es cuando” y buscaban empezar cuanto antes y a cualquier costo, el proceso de desinstitucionalización y de degradación de la democracia más agresivo que se haya visto desde el tiempo de las dictaduras.

El otro caso al que nos referimos en la introducción es la denuncia que ha admitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado boliviano, por la ejecución extrajudicial de tres ciudadanos europeos cometida en abril de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz.

En este hecho resulta mucho más claro el papel que jugó el régimen en el montaje y perpetración de un evidente episodio de terrorismo de Estado, que posterior a la masacre, ha llevado adelante la violación sistemática de los derechos humanos de decenas de personas implicadas a través de trampas judiciales en el denominado “caso terrorismo”. Existen antecedentes acumulados en instancias internacionales sobre quejas presentadas por las víctimas sobre atropellos al debido proceso y de hecho, la justicia uruguaya negó la extradición de uno de los inculpados al comprobar una grave violación, consistente en ventilar el proceso en un juzgado de La Paz, cuando el supuesto delito fue cometido en Santa Cruz.

No hay duda que el Gobierno actual se verá en serios apuros para defender su inocencia ante tribunales internacionales donde justamente está buscando atención. Nos referimos a La Haya, donde se espera que el “banderazo” sea coadyuvante. A lo mejor el caso Rózsa o el tema del 21F tengan mayor posibilidad de incidir en el veredicto.

El Gobierno boliviano se verá en serios apuros a la hora de defender su inocencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso terrorismo, un evidente episodio de terrorismo de Estado.

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