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Editorial
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Desafío colosal
Lunes,  5 de Marzo, 2018

La Organización Panamericana de la Salud ha instado a los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe a redoblar esfuerzos para reducir las alarmantes cifras de embarazo en la adolescencia que conllevan lamentables consecuencias en todos los órdenes de la sociedad. De hecho, la región presenta la segunda tasa más alta del mundo de gestación precoz. Dadas las características de pobreza y exclusión social de las mujeres, en especial de las procedentes de la zona rural, se ha recomendado más y mejor educación sexual y un uso más eficaz de los métodos anticonceptivos. Se trata, en última instancia, de abandonar lo que no funciona y privilegiar los métodos que sirvan.
 
Resulta imperativo saber que el hacinamiento de los servicios de Neonatología y de terapia intensiva neonatal de los diferentes nosocomios del país, y con particular énfasis el de los hospitales de Santa Cruz de la Sierra, tiene al embarazo precoz y no deseado como una de sus causas principales. De hecho, el embarazo adolescente implica no solo riesgos para la futura joven madre, sino que entraña una elevada y preocupante tasa de nacimientos prematuros, cuyos productos requieren atención de personal de salud calificado, además de equipos e instalaciones especiales. El evidente déficit de tales recursos ha sido motivo de constante y justificado reclamo a las autoridades sanitarias.

Conviene considerar que del total de embarazos anuales en la región, el quince por ciento ocurre en menores de veinte años. Por otra parte, la tasa mundial de embarazos precoces alcanza a cuarenta y seis nacimientos por cada mil madres adolescentes, mientras que América Latina y el Caribe registran sesenta y seis por cada mil gestantes adolescentes, cifras solo superadas por las del África subsahariana, que muestra ciento diez nacimientos por cada mil madres en edad adolescente. Esto significa que la elevada tasa de mortalidad materna e infantil como efecto vivo, está gritando a las autoridades nacionales que deben revisar sus programas para este grupo de elevada vulnerabilidad.

Ya no se trata tan solo de la pobreza, la desigualdad de género, la violencia, la falta de acceso a la educación y la debilidad de los sistemas e instituciones que protegen los derechos de los adolescentes, que son las cinco causas que condicionan el embarazo a temprana edad, y que corresponden a problemas estructurales. Se trata ahora de actuar con medidas urgentes y específicas para reducir cuanto antes el embarazo adolescente. Se ha señalado a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos como los recursos con los cuales se debe abordar cuanto antes el problema. Esto implica mejorar y ampliar los programas nacionales con tal fin en el sistema sanitario y educativo en general.

Resulta importante asumir que hasta ahora se ha trabajado en ese sentido con resultados contraproducentes, especialmente en el terreno de la educación sexual, aspecto que debe tomarse más en serio. El uso de anticonceptivos es otro terreno pantanoso donde la sola distribución resulta un acto irresponsable. Para responder a las exhortaciones de la Organización Panamericana de la Salud, y si de verdad se pretende asumir el desafío de reducir el embarazo adolescente, se hace precisa una nueva orientación de los programas nacionales de protección a los adolescentes, involucrando a sectores de salud y educación de manera integral y amplia. De lo contrario, todo quedará en retórica fácil.

Para reducir el embarazo a temprana edad se hace precisa una nueva orientación de los programas nacionales de protección a los adolescentes, involucrando a sectores de salud y educación de manera integral y amplia. De lo contrario, todo queda en la retórica fácil.

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