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Editorial
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Corrupción municipal
Lunes,  16 de Abril, 2018
Corrupcion-municipal

La reciente adquisición de un lote de mochilas escolares y material escolar por las autoridades del municipio de Cochabamba, ha desvelado hechos irregulares que deben ser esclarecidos y sancionados como corresponde si se confirman como delitos. En cierta manera, se sentaría un precedente que sirva para frenar el irresponsable manejo de los recursos financieros públicos que se han dado en diversas circunstancias y municipios del país, sin que se conozcan con certeza y oportunidad a los autores intelectuales y materiales de estos hechos de corrupción.  En Oruro, por ejemplo, todavía se espera el esclarecimiento de un hecho parecido de compras con sobreprecio.

Se ha deslizado la sospecha de protección oficial en la adquisición de material escolar y mochilas en el municipio de Oruro, porque desde el año pasado no se ha avanzado hacia el correspondiente esclarecimiento. Desde esta perspectiva, conviene que lo acontecido en el municipio de Cochabamba sea investigado y aclarado con imparcialidad y presteza, porque sería lamentable que se imponga mayor rigor solo porque las supuestas irregularidades provienen de una autoridad opositora al Gobierno. En otras palabras, lo sensato y correcto es que se despejen las dudas sobre irregularidades sin ánimo político revanchista, pero sí con auténtico sentido del deber en la lucha contra la corrupción edil.

Lo preocupante para la opinión pública y la ciudadanía es que estos hechos de supuesta corrupción municipal sean tan solo la punta visible de un témpano gigantesco. Se sabe de hechos irregulares en diversos municipios que no llegan a  esclarecerse del todo, dejando en las sombras de la sospecha indefinida a los supuestos autores y poniendo en evidencia, una vez más, nuestro deplorable sistema de justicia. Por otra parte, es probable que el mentado control social, función que desempeñan los representantes de las juntas de vecinos y otros, no esté funcionando como debiera. Así, la sensación de impunidad favorece el caldo de cultivo de la corrupción y enturbia la gestión municipal.

Conviene considerar que la municipalización del país pretende que la gestión de los recursos públicos prioricen la solución de las necesidades más sentidas de los habitantes de los municipios, especialmente de los más pequeños. Por tanto, resulta aberrante en lo ético y gerencial que los recursos se desvíen hacia los bolsillos de funcionarios públicos que no han terminado de asumir su rol y responsabilidades. En algunos casos se trata de carencia de valores ético-morales, mientras que en otros resulta evidente la insuficiente capacidad administrativa y sentido político de gobernabilidad. En todo caso, sigue haciendo falta un auténtico, participativo y eficaz control social y de vigilancia vecinal.

Lo que ha acontecido en varios municipios del país, grandes y pequeños, incluyendo los recién publicitados de Oruro y Cochabamba, muestra que el mal de la corrupción es estructural y solo estamos en presencia de una pequeña parte visible. Esto significa que el caso de las “mochilas” exige se demuestre no solo imparcialidad sino rigor con celeridad para sentar precedentes válidos de manera se esclarezcan las actuales irregularidades y sancionen a los responsables, caiga quien caiga. Quizás así podría abrirse el camino para descubrir y sancionar como corresponde a quienes malversan los recursos públicos con angurria ciega, en la creencia de situación de impunidad y poder.

Lo que ha acontecido en varios municipios del país, grandes y pequeños, incluyendo los recién publicitados de Oruro y Cochabamba, muestra que el mal de la corrupción es estructural y solo estamos en presencia de una pequeña parte visible, donde está haciendo falta un auténtico, participativo y eficaz control social.

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